jueves, 23 de octubre de 2008

HISTORIA DE LA FUBA




Cortometraje documental sobre la Federacion Universitaria de Buenos Aires y en homenaje al 80 aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Simbolo, figura e inspiracion de la juventud argentina y del mundo en su lucha por la educacion publica y contra la opresion capitalista. Relaizacion: Ojo Obrero

Los últimos cartuchos del matrimonio Kirchner


Por la nacionalización de los bancos sin indemnización

La bancarrota capitalista mundial abrió una brecha que ha permitido filtrar una reivindicación histórica de los trabajadores: la liquidación del sistema de jubilación privada. El matrimonio Kirchner y sus secuaces, que fueron promotores activos de la privatización de la previsión social que llevaron adelante Menem y Cavallo, se han visto obligados a estatizar las AFJP para sortear una cesación de pagos inminente de la deuda pública. Los 15.000 millones de pesos que ingresan por año a las AFJP servirán ahora para aportar al pago de los vencimientos de la deuda hasta fines de 2009, que se estiman en 20.000 millones de dólares. Los intentos de obtener esa financiación por medio de una renegociación de los títulos que vencen a corto plazo, con el auxilio del Citibank, el Deutsche Bank y el Barclays, habían fracasado en forma rotunda como consecuencia de la crisis financiera internacional. Asimismo, esta estatización de la jubilación privada transfiere al Estado más de 15.000 millones de dólares en títulos de la deuda pública que se encontraban en poder de las AFJP, lo cual elimina la necesidad de hacer frente a su pago, en especial, el de la porción que vence a corto plazo. En una palabra, la estatización de las AFJP es, antes que nada, un operativo financiero para evitar una nueva cesación de pagos y hacer posible la continuidad del pago de la deuda pública. Se trata, por lo tanto, de una operación de rescate, antes que nada, de los acreedores internacionales y del sistema financiero internacional. A cambio de esto, claro, el Estado asume la responsabilidad por el pago de las jubilaciones de otros cuatro millones de trabajadores. Ese compromiso es "implícito", porque no aparece registrado en ninguna de las cuentas oficiales. La estatización penaliza a los bancos que lucraban con la jubilación privada (el español BBVA o el holandés ING), pero apunta a darle aire al conjunto del sistema bancario y en especial a los amigos del oficialismo: el Banco Macro o el grupo Eskenazi y otros bancos extranjeros con sucursales en Argentina.

Derrumbe de la jubilación privada

La estatización de la jubilación privada era igualmente obligatoria, porque las condiciones para cumplir los compromisos con los afiliados de las AFJP se estaban deteriorando a toda velocidad. El dinero de los contribuyentes de las AFJP se encontraba invertido en títulos de deuda pública y en acciones que han perdido el 70% de su valor como resultado de los derrumbes de la Bolsa y del mercado de capitales en general. Como consecuencia de esto, también se habían desvalorizado fuertemente las cuentas individuales de los afiliados, en especial las de aquellos que debían jubilarse a corto plazo. Debido a esto, el gobierno autorizó a las AFJP a contabilizar sus inversiones al valor histórico, no a su precio de mercado. De esta manera se evitaba perjudicar las cuentas personales y, en particular, las de aquellos que tramitaban su jubilación. Pero como las AFJP no podían pagar estas jubilaciones con la venta de los títulos y acciones en su poder, el dinero debía salir, no de la cuenta de los que se jubilan, sino de los aportes de los trabajadores en actividad. Se había creado entonces una situación de vaciamiento de las AFJP, que debían pagar los retiros como si fueran un sistema de reparto, no de capitalización. Este vaciamiento no había tenido la oportunidad de manifestarse en las crisis de 1995 y de 2001, debido a que por esas fechas no se producían todavía retiros. Asimismo, como los pronósticos sobre la crisis actual -incluso los más optimistas-, prevén que no habrá una recuperación financiera internacional ni siquiera a mediano plazo, la bancarrota de las AFJP estaba sellada si se pretendía seguir pagando los retiros de acuerdo con el acumulado en cuentas individuales, infladas por no registrar el derrumbe de la cotización de las inversiones. Incluso antes de la crisis, los afiliados de las AFJP no cobraban jubilaciones por más del 30/40 por ciento del sueldo en actividad, además de los millones de afiliados que no podían completar el período de cotización debido a años de desempleo o de trabajo en negro.


La liquidación de la jubilación privada es un hecho histórico progresivo, por el cual hemos luchado infatigablemente desde antes incluso de que se concretara la privatización. El 99% del oficialismo actual, en cambio - y en especial la burocracia sindical- , se jugaron con todo por la privatización menemo-cavallista; se formaron numerosas AFJPs con la participación de la burocracia, que ofrecía a los afiliados de los sindicatos como clientela cautiva para sus administradoras. Aún hoy funciona Previsol, una AFJP del ‘solidario' Heller, del banco Credicoop, en conjunto con la burocracia kirchnerista del Suterh. Es claro que el matrimonio oficial no buscó nunca la estatización, ni menos fue nunca, para él, una reivindicación oficial; ha sido impuesta por la bancarrota capitalista mundial: sacrifica a una fracción menor del capital financiero para poder hacer frente a un nuevo colapso de la deuda pública. Se ha venido abajo un pilar de la estrategia kirchnerista para ‘reconstruir a la burguesía nacional': nos referimos al desarrollo de "un mercado de capitales en pesos", el cual acaba de ser enterrado solemnemente con la estatización de las AFJP.

Los límites de la estatización capitalista

Llegado a este punto, es necesario decir que -en el marco de la privatización jubilatoria- no existe una diferencia de principio entre el sistema privado y el estatal de previsión. De un lado, el Estado ha debido complementar una parte de la jubilación privada con aportes propios. Del otro, la privatización solamente podía ser viable si la remuneración que ofrecía la jubilación privada funcionaba como un techo para todo el sistema jubilatorio; o sea que la jubilación estatal no podía ofrecer nunca una jubilación superior al 35% en promedio. La estatización que acaba de consumar el kirchnerismo no devuelve el 82% móvil y las remuneraciones siguen la pauta impuesta por la privatización. Por otro lado, el gobierno ha invertido el aporte previsional de los trabajadores en la misma línea de las AFJP: títulos públicos y acciones. El Fondo de Sustentabilidad de la Anses parece ‘sustentable' porque cotiza las letras y títulos públicos a la par, no a precios de mercado. El Estado capitalista es incapaz de utilizar el enorme fondo de aportes obreros de un modo diferente al que lo hace la propia clase capitalista. Para que ocurra lo contrario es necesaria otra clase de Estado y, por de pronto, que la Anses sea gestionada por representantes de obreros y jubilados electos, en función de las prioridades que debería establecer un congreso nacional de trabajadores. Otra similitud entre el régimen privado y el público es la abolición completa o parcial de los aportes patronales. Si se tiene en cuenta que la jubilación forma parte del salario de los trabajadores, la falta de aportes patronales significa que la jubilación se obtiene mediante la amputación del salario (un porcentaje del salario financia jubilaciones misérrimas), o sea que hay una confiscación en beneficio del capital.

Las conclusiones

Para que la estatización previsional sea real es necesario, entonces: 1) restaurar el aporte patronal; 2) establecer el 82% móvil; 3) que la Anses no sea manipulada por el gobierno sino que sea dirigida por representantes electos de trabajadores y jubilados; 4) que la inversión de los fondos acumulados sea establecida por un congreso de trabajadores.

La pregunta del millón es ahora la siguiente: ¿la absorción de los ingresos de las AFJP -y la recuperación de la deuda del Estado en manos de ellas- resuelve la inminencia de la cesación de pagos que pretende resolver?

De ninguna manera. Incluso con la amputación que ha sufrido la deuda pública, la fuga de capitales es incesante, esto como consecuencia de la crisis financiera mundial, que es más intensa que nunca. La salida de dólares no para, el fenómeno es general en los llamados ‘países emergentes'. Argentina ha sufrido una sangría de 23.000 millones de dólares en poco más de un año. Por otro lado, hay una manifiesta caída de los precios de exportación. Como la estatización de las AFJP ha sembrado el temor en el capitalismo mundial de que otros países puedan hacer lo mismo, esto porque la bancarrota del sistema privado es internacional, la tendencia a la fuga de capitales se habrá de acentuar. Argentina está afectada por una presión devaluatoria del peso, que tiene alcance internacional como lo demuestra la desvalorización que sufren México, Turquía, Brasil, Rusia, Corea del Sur, Hungría, Letonia - e incluso la Unión Europea y en especial Gran Bretaña. Además, la jornada del miércoles dejó en claro que hay en marcha un ‘golpe de mercado' contra la estatización de las AFJP. La estatización debe ir más allá: se impone nacionalizar los bancos sin indemnización; establecer un control obrero de los bancos estatales; nacionalizar el comercio exterior y poner un control de cambios; prohibir suspensiones y despidos; repartir las horas de trabajo sin afectar los salarios.

Se ha abierto en Argentina una perspectiva de agudización de la crisis política: el equilibrio precario que dejó el conflicto por las retenciones de la soja se ha vuelto a quebrar aún más decisivamente. Asistimos al fenómeno de un gobierno capitalista que toma una medida parcial de amputación de un gran negocio capitalista, forzado por una crisis mundial gigantesca. Es necesario ver ambos lados de la crisis en forma unificada: un choque de un gobierno patronal con una fracción del capital, como un intento para evitar una quiebra de conjunto del régimen capitalista. "La idea de usar los fondos de la seguridad social para evitar la cesación de pagos (o para pagar la deuda) el próximo año -dice el blog RGE que dirige el afamado Nouriel Roubini- debería causar un aguda caída de la confianza en el país y en su gobierno". Aquí hay un medio anuncio de que en el exterior le han bajado el pulgar al oficialismo. Hagamos notar que la crítica a la intervención del gobierno en las AFJP parte de uno de los partidarios de un rescate ‘progresista' del sistema capitalista internacional.
Una campaña por un programa de medidas urgentes y transitorias como las señaladas debe apuntar a desarrollar las alternativas estratégicas al régimen capitalista, en primer lugar un reagrupamiento obrero independiente que impulse el objetivo de la unidad socialista de América Latina.

Jorge Altamira

lunes, 31 de marzo de 2008

LA SALIDA ES OBRERA Y SOCIALISTA

ANTE LA CRISIS COMPLETA DEL REGIMEN

Cristina Kirchner ha logrado con su discurso del martes lo que solamente De la Rúa había conseguido antes de ella: suscitar una rebelión popular.

La Presidenta ataca el paro de los grandes pulpos y pequeños y medianos productores agropecuarios desde la ‘caja' de De Vido, los fondos de Santa Cruz, la reprivatización de YPF y la creciente entrega del petróleo; desde los sobreprecios de Skanska, la 4x4 que Varizat tiró contra los docentes de su provincia y el pago de la deuda externa con la plata de la Anses; desde una inflación imparable, techos salariales y, por último, desde las patotas de la burocracia que ella ungió como sus aliadas, que van al ataque de los trabajadores que luchan, o desde los piquetruchos como D'Elía, que encubren las fechorías del oficialismo.

El paro agropecuario expresa el agotamiento definitivo de la política de devaluación monetaria, que según la misma Presidenta enriqueció a los grandes exportadores.

Pero no sólo a los agrarios, sino también a los automotrices, mineros, petroleros y siderúrgicos.

Y no sólo a ellos, sino a los punteros del oficialismo que manejan los subsidios del transporte, del gas, de la luz y de los grandes negociados de obras públicas.

Ahora estamos ante una lucha por el reparto de la renta económica entre diversos sectores capitalistas, cuyas consecuencias las paga el pueblo con carestía y superexplotación.

La Federación Agraria Argentina e incluso muchos chacareros autoconvocados han desvirtuado el carácter independiente de su lucha al aliarse con la Sociedad Rural y con los pulpos agrofinancieros, que serán los mayores beneficiarios de la reivindicación de suspender los aumentos de las retenciones a las exportaciones.

Los pulpos y los terratenientes tienen valuaciones fiscales irrisorias, que han conservado hasta el presente gracias a los Kirchner, los Scioli, los Schiaretti o los Binner.

La oligarquía está presente en los dos lados de la trinchera: los kirchneristas Cresud, Werthein, Urquía, Grobocopatel son grandes latifundistas y agroexportadores.

La Sociedad Rural y los grandes bancos sustentan, en América Latina, la ofensiva de Bush contra los procesos populares o de liberación nacional.

El componente popular de los cortes de ruta agrarios está desnaturalizado por la dirección política y los reclamos del movimiento: bajar las retenciones, que son los de la gran propiedad capitalista agraria.

El Partido Obrero destaca, en esta crisis, el derrumbe completo de la política económica oficial, que es también una expresión de la crisis capitalista mundial.

El gobierno kirchnerista acabará cediendo en toda la línea a las exigencias de los grandes intereses agrarios.

La salida a este derrumbe no pasa por tomar partido por cuál sector capitalista se queda con el fruto del trabajo de la clase obrera y de los productores independientes.

Pasa por impulsar la nacionalización de la gran propiedad agraria y su arrendamiento a los chacareros necesitados de tierra y al servicio del poblamiento agrario, o por la explotación pública directa por los obreros del campo.

Pasa por la nacionalización del comercio exterior y por sobre todo de los puertos privados (por donde los grandes pulpos contrabandean la exportación sin pagar retenciones), bajo control de productores y obreros, para asegurar que los beneficios de la producción sirvan a la industrialización agraria y a superar las grandes carencias sociales.

Ante la crisis abierta llamamos a los trabajadores a no permitir que la burocracia siga manejando las paritarias y a intervenir en ellas para imponer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el fin de la flexibilización laboral.

Se ha abierto una crisis de largo alcance, económica, pero por sobre todo, política. El nacionalismo burgués concluye en un fracaso. El gobierno matrimonial está definitivamente hipotecado. Impulsemos una alternativa obrera y socialista.

miércoles, 23 de enero de 2008

Campamento de Verano de la UJS

DEL 15 AL 18 DE FEBRERO EN RAMALLO


La UJS está preparando un gran campamento. Una instancia de formación política de la juventud obrera y estudiantil, pero también una instancia social de esparcimiento y recreación, para compartir en el balneario en el río y tantas experiencias de lucha que se funden en la UJS.

Los campamentos son ya una tradición en la UJS y se están extendiendo al interior del país. Los campeonatos de fútbol, voley y truco, la fiesta del último día, el si lo sabe ladre... Lo más importante la clase práctica de socialismo, la propia organización del campamento. Todos los que participamos del campamento trabajamos para sostenerlo, nadie es mulo de nadie. Las comisiones que trabajan, son las que discuten los cursos que se dan, la experiencia de lucha en las escuelas y facultades, en los barrios y en las fábricas. Este año los cursos de formación son dos: el curso del Estado y la Revolución, y el curso sobre el 90 Aniversario de la Revolución Rusa.

Llegar a Ramallo es un esfuerzo militante. Las regionales están organizando fiestas y ventas de empanadas. Algunas se movilizan para reclamarle a los municipios los micros que han encarecido fuertemente la actividad

Es un campamento de luchadores. Todos tienen su lugar en el campamento a condición de que se organicen para ello. Nos vemos en el río, en Ramallo.

Freddy Gima

Se quebró otro intento de derrotar la huelga

Cambió el escenario, no la lucha

Se quebró otro intento de derrotar la huelga de los trabajadores del CasinoUna decisión aberrante del juez Oyarbide dio lugar a la apertura del Casino, clausurado el 9 de diciembre por la jueza Servini de Cubría. La resolución de Oyarbide fue un verdadero bando militar que amplió el radio de acción de la Prefectura para impedir el bloqueo de las instalaciones del Casino por parte de los huelguistas. La resolución establece un verdadero estado de sitio de la zona adyacente al puerto.

La apertura se produjo luego de que el Ministerio de Trabajo, que abiertamente saboteó la posibilidad de sentar a la patronal con los representantes de los trabajadores, hiciera lugar a un pedido conjunto de la burocracia de Aleara y la patronal para que se abriera el Casino y se "liberaran" las puertas de entrada por medio de la Prefectura.

Tanto la patronal como la burocracia (que sacó afiches al respecto), suponían que los luchadores del Casino instalados en la Plaza de Mayo habían quedado aislados del conjunto de los trabajadores. Actuaron con la expectativa de que una apertura con la "garantía" de la Prefectura produciría una "corrida" que desmantelaría la lucha.

Para sorpresa de unos y otros, los trabajadores del Casino se fueron de la Plaza de Mayo y convocaron a una memorable asamblea en el Parque Lezama con más de 400 trabajadores de Aleara, que votaron por unanimidad continuar la lucha hasta que la empresa se sentara a discutir con sus representantes el conflicto.

La patronal no conocía exactamente el pulso de la situación. Sí lo conocían los dirigentes de la huelga que, a través de su boletín de informaciones de la lucha, habían llegado casi al 80% del personal; sabían que aun los que no participan abiertamente del piquete apoyaban la lucha, pues saben que una vuelta al trabajo sin los delegados y sin los activistas transformaría al Casino en la misma cárcel que es el Hipódromo de Palermo (en el que también está Cristóbal López).

La patronal fracasó estrepitosamente en el intento de cambiar despidos por arreglos que dejara afuera sólo a los activistas. Hasta el día de hoy, sólo siete de los 97 despedidos aceptaron la indemnización. Se han producido algunos retiros voluntarios de sectores que no participaron de los piquetes y también entre los propios carneros, que no aguantan la presión del 90% de sus compañeros afuera luchando y un Casino semidesierto dominado por las patotas de Aleara y el Somu más la Prefectura. Aunque son despidos encubiertos, estos arreglos no le sirven a la patronal pues no afectan el corazón de su problema: que el activismo se mantiene firme en la lucha. A pesar de los dos meses, no han podido derrotarlo ni con patotas, ni con la Prefectura ni con las burocracias sindicales del Aleara y del Somu.

Batallas en las puertas
del Casino

Luego de la asamblea de Lezama, los compañeros marcharon, con las trabajadoras del Casino y las madres de los trabajadores al frente, ante las barbas mismas de la Prefectura, que dispuso un bloqueo con más de 700 efectivos para impedir que se reinstalara el piquete en las puertas del Casino. Los acompañaron decenas de activistas, delegados, comisiones internas y una fuerte columna de mas 400 compañeros del Partido Obrero.

A partir de allí se inició un bloqueo que impidió la llegada de las combis y los clientes, restaurando en el puerto el acampe de Plaza de Mayo. Cambió el escenario pero no la fuerza del conflicto. Oyarbide, la patronal y el Ministerio de Trabajo sufrieron una primera derrota. Al segundo día de acampe, mientras los trabajadores seguían armando su boletín de informaciones de la lucha, recibían muestras de solidaridad de los vecinos de la costanera Sur y de la inmensa cantidad de camioneros que pasan por el puerto. Ese día realizaron un festival y comenzaban a llegar delegaciones obreras en apoyo a la lucha.

La patronal, a escondidas, comenzó a hacer entrar a los carneros por el barrio de la Boca a través de un catamarán que atravesaba las fétidas aguas del Riachuelo con más policías que trabajadores y clientes. Al salir a la luz la maniobra, una delegación de madres de Casino realizó un valiente piquete en el embarcadero denunciando ante todos los medios a la patota de Aleara y a la Prefectura. Lo que produjo otra derrota, esta vez en el pintoresco "Caminito". No caminó más el Catamarán de carneros y clientes.

Cerrada la entrada por la Boca y con las entradas bloqueadas en las adyacencias del Casino, no llegaban clientes y había muy poco personal. Entonces se puso de manifiesto crudamente todo el poder del Estado a favor de la patronal amiga de Kirchner. La Prefectura, sin mostrar ninguna orden, avanzó violentamente sobre el piquete pateando todos los enseres del acampe y a palos expulsó a los trabajadores hasta la calle Madero, donde termina su "jurisdicción represiva". A los 15 minutos llegó el "apoyo" de la Federal que, también sin orden alguna, fue haciendo retroceder a los trabajadores del Casino, también a palos y empujones, hasta las escalinatas de la Facultad de Ingeniería. La Federal detuvo a un trabajador.

Si López, la Federal y la Prefectura creían que el desalojo era el fin de la huelga volvieron a equivocarse. Los delegados convocaron una nueva asamblea a las seis de la tarde en las escalinatas de Ingeniería. Volvieron a concurrir 400 trabajadores del Casino. En asamblea, rodeados de la solidaridad de la izquierda y de fábricas movilizadas como Parmalat, decidieron volver a la puerta del Casino. Casi 1.500 compañeros recorrieron otra vez el camino hacia las puertas del Casino y volvieron a reinstalar el piquete ante el asombro de los más de 300 infantes de la Prefectura y los gerentes de la empresa que creían que habían triunfado en el "operativo desalojo".

Una vez en el lugar, volvieron los bloqueos que debilitaron el ingreso de clientes. El martes 15, otra multitudinaria movilización de solidaridad de más de 2.000 compañeros vino en apoyo del piquete fortaleciendo el ánimo de estos grandes luchadores.

Luchamos para ganar

La huelga del Casino ya lleva más de 60 días. Sólo con leer la crónica de los últimos acontecimientos se aprecia que empieza a entrar en la historia de las grandes luchas obreras. Los trabajadores han sorteado enormes obstáculos. La lucha ha templado una dirección joven que ha realizado un curso acelerado de cómo funciona el Estado al servicio de las patronales. Están enfrentando al frente unido de patotas del Somu, de Aleara y del Turf, a la Prefectura, a la Federal, la complicidad de jueces laborales, civiles y penales y a un Ministerio de Trabajo al Servicio de Cristóbal López, que nunca quiso sentarse a discutir.

La juventud trabajadora es la emergente obrera más importante de este período: el Casino, los trabajadores de los "call center", los de los supermercados; los conflictos obreros son dirigidos, en su inmensa mayoría, por jóvenes sin gran experiencia sindical, pero con una voluntad de lucha que los postulan como el futuro del modelo de la clase obrera. Tienen dos cuestiones en común: un repudio generalizado a los métodos de flexibilización laboral y un gran desprecio por la burocracia sindical a la que ven actuar directamente contra las huelgas y en defensa de las patronales.

Mantengamos el sistema de asambleas casi diarias que se ha instaurado, fortalezcamos el Boletín de informaciones de la lucha, que anuda lazos con los compañeros que no están en el piquete, pero se niegan a ir a trabajar a un Casino militarizado. El Boletín, entregado en la casa de cada trabajador, mide nítidamente el verdadero espíritu que reina entre los compañeros. Mantengamos y fortalezcamos el acampe, rodeándolo de solidaridad, impulsando otras movilizaciones y continuando el asedio a una empresa que está perdiendo millones de pesos con la huelga. Estas son las principales llaves para obligarlos a negociar.

Juan Ferro

Unidad nacional para privatizar la salud

Luego de la inmensa movilización de los municipales porteños del 3 de enero, con más de 30.000 trabajadores en la calle, la burocracia del Sutecba tiró la toalla y entregó a los despedidos. A Enrique Pistoletti, secretario de prensa del Sutecba, se le escapó, en declaraciones a La Nación (9/1), que "es un alivio para ambas partes poder limitar un conflicto".

Los despidos de más de 2.000 contratados habían provocado una reacción inmediata de los trabajadores. En la movilización del 3 de enero se vieron banderas que reclamaban, además de la reincorporación de los despedidos, el pase a planta permanente, el aumento salarial y el 82% móvil para los jubilados.

Sin haber conseguido absolutamente nada de lo reclamado, el Sutecba levantó el paro de 72 horas. El gobierno de la Ciudad fue a la cita planteando que no se revería nada de lo resuelto; no se puso en discusión la reincorporación de los 2.300 cesantes; por el contrario, se acordó todo un plan de racionalización de la planta de trabajadores de la Ciudad.

El acta abre un censo del conjunto de los trabajadores municipales, contratados y de planta, y sostiene que "todo aquel que no esté realizando una tarea útil para el vecino, no será renovado" (Acta, 8/1). Se ha enviado al "limbo" al conjunto de los trabajadores contratados. De la reunión se salió peor de lo que se había entrado.

La desregulación de la OBSBA

La desregulación de las obras sociales, a partir de 1997, sirvió para engordar el negocio de las prepagas, que recibieron una transferencia masiva de afiliados sindicales mediante contratos de concesión y gerenciamiento. Los convenios terminaron aumentando los padrones de las pre-pagas entre los afiliados de mayores salarios (y aportes).

La función de la intervención de la OBSBA es sumarla a la desregulación. El botín es enorme: 120.000 afiliados con sus familias y 70.000 jubilados. El de la OBSBA podría ser la punta de lanza de un proceso de privatización más vasto, que incluya a las obras sociales provinciales y universitarias.

La ley que interviene la obra social de los estatales porteños puso de manifiesto un consenso extraordinario en el avance de la privatización de la salud, desde el macrismo al centroizquierda. Los legisladores de la Coalición Cívica votaron la intervención. El kirchnerismo, por su parte, estuvo ausente de la sesión (aunque el macrismo ya había logrado quórum), para no verse obligado a repetir que apoyan la desregulación de la obra social. Al no bajar al recinto, evitaron poner de relieve su coincidencia con Macri y Carrió. Al mismo tiempo, se ahorraron un choque con la burocracia de Sutecba. Incluso el legislador Hourest, que votó en contra del proyecto Macri-Carrió, reivindicó el principio de la "libre opción", siguiendo la conocida posición de la CTA y ATE. Se desprende de lo ocurrido que existe una virtual unión nacional para meter en el registro desregulatorio a las obras sociales que aún están al margen.

Sutecba apoya la desregulación

Después de la ley de intervención a OBSBA, la Justicia dictó un nuevo fallo que acepta la intervención aunque "ceñida a la tarea de instrumentar la desregulación (dejando) en suspenso el desplazamiento del directorio" (Página/12, 15/1). Sutecba anticipó que no apelará esa decisión: "No nos oponemos a la desregulación siempre que se aseguren las prestaciones a los jubilados y a los pacientes con enfermedades crónicas", señaló a ese mismo diario el secretario de prensa del gremio. La burocracia municipal se apresta a participar en la privatización de la salud de los estatales porteños.

En la sesión de la Legislatura, Hourest denunció que estaba avanzado un acuerdo entre Sutecba y UPCN para el traspaso de afiliados en favor de Unión Personal, la obra social regenteada por Andrés Rodríguez. Después de haber desquiciado Obsba durante años, la burocracia acepta ingresar ahora en la desregulación, lo que les asegurará una jugosa comisión por cada afiliado "traspasado".

El vaciamiento de las obras sociales por parte de la burocracia tiene una salida muy distinta de la pactada en OBSBA. Plantea, en primer lugar, la democratización de los sindicatos y de la gestión de las obras sociales. A partir de esto, se propone la concentración de la atención hospitalaria y las obras sociales en un gran sistema público de salud, bajo gestión de los trabajadores, para garantizar el derecho a la salud al conjunto de la población.

Marcelo Ramal y Alfonso Villalobos