Luego de la inmensa movilización de los municipales porteños del 3 de enero, con más de 30.000 trabajadores en la calle, la burocracia del Sutecba tiró la toalla y entregó a los despedidos. A Enrique Pistoletti, secretario de prensa del Sutecba, se le escapó, en declaraciones a La Nación (9/1), que "es un alivio para ambas partes poder limitar un conflicto".
Los despidos de más de 2.000 contratados habían provocado una reacción inmediata de los trabajadores. En la movilización del 3 de enero se vieron banderas que reclamaban, además de la reincorporación de los despedidos, el pase a planta permanente, el aumento salarial y el 82% móvil para los jubilados.
Sin haber conseguido absolutamente nada de lo reclamado, el Sutecba levantó el paro de 72 horas. El gobierno de la Ciudad fue a la cita planteando que no se revería nada de lo resuelto; no se puso en discusión la reincorporación de los 2.300 cesantes; por el contrario, se acordó todo un plan de racionalización de la planta de trabajadores de la Ciudad.
El acta abre un censo del conjunto de los trabajadores municipales, contratados y de planta, y sostiene que "todo aquel que no esté realizando una tarea útil para el vecino, no será renovado" (Acta, 8/1). Se ha enviado al "limbo" al conjunto de los trabajadores contratados. De la reunión se salió peor de lo que se había entrado.
La desregulación de la OBSBA
La desregulación de las obras sociales, a partir de 1997, sirvió para engordar el negocio de las prepagas, que recibieron una transferencia masiva de afiliados sindicales mediante contratos de concesión y gerenciamiento. Los convenios terminaron aumentando los padrones de las pre-pagas entre los afiliados de mayores salarios (y aportes).
La función de la intervención de la OBSBA es sumarla a la desregulación. El botín es enorme: 120.000 afiliados con sus familias y 70.000 jubilados. El de la OBSBA podría ser la punta de lanza de un proceso de privatización más vasto, que incluya a las obras sociales provinciales y universitarias.
La ley que interviene la obra social de los estatales porteños puso de manifiesto un consenso extraordinario en el avance de la privatización de la salud, desde el macrismo al centroizquierda. Los legisladores de la Coalición Cívica votaron la intervención. El kirchnerismo, por su parte, estuvo ausente de la sesión (aunque el macrismo ya había logrado quórum), para no verse obligado a repetir que apoyan la desregulación de la obra social. Al no bajar al recinto, evitaron poner de relieve su coincidencia con Macri y Carrió. Al mismo tiempo, se ahorraron un choque con la burocracia de Sutecba. Incluso el legislador Hourest, que votó en contra del proyecto Macri-Carrió, reivindicó el principio de la "libre opción", siguiendo la conocida posición de la CTA y ATE. Se desprende de lo ocurrido que existe una virtual unión nacional para meter en el registro desregulatorio a las obras sociales que aún están al margen.
Sutecba apoya la desregulación
Después de la ley de intervención a OBSBA, la Justicia dictó un nuevo fallo que acepta la intervención aunque "ceñida a la tarea de instrumentar la desregulación (dejando) en suspenso el desplazamiento del directorio" (Página/12, 15/1). Sutecba anticipó que no apelará esa decisión: "No nos oponemos a la desregulación siempre que se aseguren las prestaciones a los jubilados y a los pacientes con enfermedades crónicas", señaló a ese mismo diario el secretario de prensa del gremio. La burocracia municipal se apresta a participar en la privatización de la salud de los estatales porteños.
En la sesión de la Legislatura, Hourest denunció que estaba avanzado un acuerdo entre Sutecba y UPCN para el traspaso de afiliados en favor de Unión Personal, la obra social regenteada por Andrés Rodríguez. Después de haber desquiciado Obsba durante años, la burocracia acepta ingresar ahora en la desregulación, lo que les asegurará una jugosa comisión por cada afiliado "traspasado".
El vaciamiento de las obras sociales por parte de la burocracia tiene una salida muy distinta de la pactada en OBSBA. Plantea, en primer lugar, la democratización de los sindicatos y de la gestión de las obras sociales. A partir de esto, se propone la concentración de la atención hospitalaria y las obras sociales en un gran sistema público de salud, bajo gestión de los trabajadores, para garantizar el derecho a la salud al conjunto de la población.
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