LA CORTE AGITA LAS AGUAS

Pero la libertad y democracia sindicales se arrancan con la lucha

El fallo de la Corte Suprema, que habilita la elección de delegados con independencia de que respondan o no a un sindicato con personería gremial, ha generado en todos los gremios una viva discusión, no solamente en los círculos de la burocracia sindical. El dictamen -una respuesta a un reclamo de la CTA- ha sido acogido por ésta con manifiesta complacencia. Sin embargo, cuatro días después del fallo, la Junta Electoral de ATE, un sindicato de la CTA, impugnaba la Lista Naranja-Marrón-Blanca en el Garrahan por "falta de antigüedad en la afiliación de dos compañeros", o sea que la burocracia de la CTA aplaude la libertad sindical solamente hacia fuera. Al final, la lista cuestionada fue oficializada, pero solamente una vez que fueron reemplazados los compañeros ‘cuestionados'.

El fallo declara la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Asociaciones Profesionales, el cual exige un año de afiliación a una organización con personería gremial a cualquier candidato a delegado sindical. La Corte caracteriza a esta exigencia como "un monopolio (que) viola el derecho a la libertad de agremiación de los trabajadores, amparado por la Constitución Nacional". Las personerías gremiales son otorgadas por el Estado a través del Ministerio de Trabajo, o sea que sufren un condicionamiento político muy claro.

Pero su alcance es mayor, porque en sus fundamentos cita la diversidad de sindicatos actuantes en el Estado como antecedente de la "libertad sindical" que establecen los acuerdos de la OIT y el artículo 14 bis de la Constitución Argentina. El fallo, de todos modos, excede bastante la demanda presentada por ATE, que se limitaba a pedir para sí una igualdad de derechos con UPCN, Sutecba y otros sindicatos para elegir delegados en Pecifa (Personal Civil de las Fuerzas Armadas). Horacio Meghira, abogado de la CTA, tuvo que admitir que "el fallo nos corrió por izquierda" (Clarín, 12/11) por la simple razón de que facilita la elección de delegados sin otro límite que la pertenencia a una organización sindical simplemente inscripta. La CTA fue por la aplicación de la "pluralidad sindical" en el ámbito de la administración pública y salió con un fallo que impugna el monopolio legal de la burocracia de sindicatos en los lugares de trabajo.

Con todo, la nulidad del artículo 14 solamente se aplica al caso en litigio; será necesaria una ley para normar este nuevo derecho. Como ya ocurriera con la movilidad jubilatoria, los legisladores aprovecharán la ocasión para distorsionar la resolución judicial con diversas clases de condicionamientos. El fallo no afecta el derecho del cual goza hoy el sindicato con personería gremial y mayor número de afiliados para firmar los convenios de trabajo. Pero, indudablemente, al proteger el derecho a la elección de delegados otorga un espacio de libertad sindical para promover alternativas a la burocracia dominante. Este aspecto del fallo es visto con malos ojos tanto por la burocracia de Moyano como por la de Yasky y De Gennaro.

Es claro que la repercusión política del fallo no emerge solamente de la letra del dictamen; está relacionada con la inmensa crisis de la burocracia sindical de una y otra central, que es desafiada constantemente por los activistas y los trabajadores cada vez que existe un conflicto -como ocurrió recientemente en la lucha del Casino, por ejemplo, en manos de un burócrata derechista, o en la del neumático, en manos de la burocracia de CTA. La patronal ve un peligro mayor en otro terreno: como solamente el 12% de las empresas tiene organización sindical interna, la libertad para elegir delegados con su debido fuero sindical podría desatar una ola de sindicalización al margen de las burocracias cómplices de las patronales (por lo pronto hay 1.700 organizaciones simplemente inscriptas en el Ministerio esperando pista, lo cual es mucho aunque varias de ellas sean simples trámites sin ningún movimiento real detrás). Por otro lado, el fallo obliga al gobierno a zanjar la disputa entre la CTA y la CGT, que se arrastra desde hace casi dos décadas, y en la que el gobierno no ha podido intervenir porque ha logrado cooptar a las dos burocracias a su política de ‘reconstrucción de la burguesía nacional'. Ahora, el matrimonio deberá formar una mesa de tres para arbitrar un arreglo que deje afuera, claro, al activismo clasista o antiburocrático.
El proceso político desencadenado por el fallo pinta a la burocracia sindical de las dos centrales, ambas comprometidas con el gobierno capitalista de Kirchner. La CGT, tras el brote inicial en el que acusó a la Corte de ser "funcional a la izquierda de la Cuarta Internacional" (Belén, UOM), pide una ley para neutralizar el fallo; la CTA prefiere seguir pidiendo su propia personería gremial para no lanzar una campaña por la elección de delegados independientes de la burocracia en todos los lugares de trabajo. El otorgamiento de personería a la CTA no es lo mismo que la libertad sindical; sólo extiende el monopolio sindical a otra burocracia firmemente establecida. En esta variante, los activistas que quisieran aprovechar la brecha de la libertad sindical para implantarse en los lugares de trabajo con una protección contra el despido, deberán pelear contra dos burocracias establecidas e integradas al Estado. En los sindicatos de ambas centrales, las elecciones de delegados en los lugares de trabajo son manipuladas por las burocracias dirigentes.La alarma que el fallo despertó en la patronal es instructiva. Para algunos empresarios es "un fallo acertado para un país equivocado" (Clarín, 16/10), es decir que derivaría en una guerra de aparatos sindicales en las empresas, algo que en Europa, por ejemplo, está regido por ‘un acuerdo de caballeros'. De Mendiguren, de la UIA, advierte sobre la posible "caja de Pandora" que pudiera alterar "las relaciones ya armadas con dirigentes sindicales conocidos". Saben, de todos modos, que el tema será reglado por una ley que arbitrará los intereses de las burocracias sindicales y reforzará los controles para que no sirvan a la organización independiente de los activistas.

Mucha agua pasará bajo el puente hasta que se vean las consecuencias prácticas de este fallo, más allá de los involucrados en la propia sentencia.
Hay sectores de los trabajadores que ven en el fallo una posibilidad de desarrollo: desde los docentes autoconvocados de Salta -que han roto con la burocracia de Ctera-, hasta los obreros del subte que sufren el acoso de las patotas de la UTA, pasando por los docentes de AGD-UBA que enfrentan un sello vacío (Aduba) con mayoría trucha de afiliados y personería gremial, y por los trabajadores de los ‘call center', que la burocracia de Foetra ha entregado indemnes a las patronales o que han sido forzados a encuadrarse en el sindicato de Cavalieri. Pero está claro que no es el fallo, sino la claridad de la orientación política y el desarrollo de la capacidad de lucha lo que permitirá que se impongan como representación real de los trabajadores ante la patronal y el Estado.

Si el 88% de los trabajadores no tiene representación de empresa, como en algún momento lo estableció una investigación del Ministerio publicitada por la CTA, es hora de una campaña de organización y elección de representantes para enfrentar la ola de despidos y suspensiones. La crisis exige actuar ahora y no será la expectativa de una ley, forzosamente trucha, la que vaya a dilatar los desafíos y las respuestas. Sobre la base de un plan de lucha contra las suspensiones y despidos, por el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario y por un aumento salarial inmediato; sobre la base de esta lucha conseguiremos los delegados, la representación y la organización que llevará a la victoria nuestras reivindicaciones.

Néstor Pitrola