La represión en las puertas del municipio de Lanús el 8/5 contra personas que reclamaban viviendas y tierras, pone sobre el tapete los manejos del catastro público y la añeja política de expropiación de tierras fiscales a favor de las corporaciones empresarias.
De la foja judicial se desprende que Alberto O. Torres, vicepresidente de Acuba y ex funcionario municipal, inició una causa por usurpación de propiedad privada (26/3/09) ante el juzgado Federal de Primera instancia (Secretaría Penal nº 3 de Quilmes) Dr. M. Iturburu. El registro del predio en cuestión, designado catastralmente como circunscripción I, Sección S, Fracción IV, Parcela 5A y 5B, está ubicado en la avenida Olazábal al numeral 5100 entre Boquerón y Coronel Molinedo, del partido de Lanús, denominado “ACUBA”.
El 14/6/1983 esas 35 ha fueron entregadas por 50 años (según fojas 39/51) Quadrelli.Blogspot.com/2009_03_27- por la dictadura militar al empresariado lanusense del cuero. Otra muestra irrefutable de continuidad política, jurídica y dominial que caracteriza a la dictadura 1976/83 y la democracia del 1983 en adelante. Ninguna expresión gubernamental en más de 25 años ha tenido el programa ni el coraje político para colocar las cosas en su lugar defendiendo el patrimonio popular, hoy los chirolitas del cuero “Nacionales y Populares” maniobran tirando la pelota afuera y hacen tiempo esperando se enfríe la cosa.
La Autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) surgió el 15/11/2006 (Ley 26168), como respuesta al fallo “Mendoza, Beatriz Silvia” (20/6/2006) de la Corte Suprema que obliga al Estado Nacional, a PBA y a 14 municipios, entre ellos Lanús, a limpiar el riachuelo, hacer las cloacas, dar agua potable e investigar a los contaminadores industriales; hay 44 ya individualizados entre los que se destacan curtiembres, petroleras, frigoríficos, químicas, metalúrgicas, etc. Estos operan en forma criminal desde hace muchas décadas y están protegidos por el poder político municipal, provincial y nacional.
Para entender que intereses mueven a ACUMAR, es imprescindible conocer esto:
“La Autoridad de Cuenca (Acumar) ha incumplido la mayor parte de las obligaciones impuestas por la Corte Suprema y mantiene una actitud errática en la materia, donde las promesas y anuncios varían constantemente desde que comenzó el proceso Andrés Nápoli Fundación Ambiente y Recursos Naturales” (LA NACION 29/3/09).
"Para las industrias y establecimientos que sean identificados como agentes contaminantes, Acumar no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca y exime del control a la empresa AySA, a pesar de que es la mayor aportante de vertidos", Eduardo Mondino, entonces defensor del Pueblo de la Nación. (La Nación 29/3/09).
“Las clausuras provisorias de empresas por controles de Acumar son muy publicitadas, numerosas, todas por pocos días; al levantarse las clausuras, no se dicen ni los motivos que las propician, ni la evolución de las rehabilitaciones, los compromisos nuevos que asumió la empresa, los plazos acordados, ni las inversiones necesarias que pudo comprometer como fruto de sus falencias, etc. La aplicación del poder de policía y la defensa del derecho a la vida son dos ejes fundamentales igualmente vulnerados por todas las jurisdicciones, a pesar del tremendo esfuerzo de los muchos y principalísimos involucrados en esta causa. Contaminar es criminal, poner preso a los contaminadores será lo único que provocará el real cambio que la sociedad amerita”. (Asociación de vecinos de la Boca).
Para desmentir a un bolacero no hay mejor forma que documentarse: Darío Díaz Perez ha dicho por todos los medios que la municipalidad de Lanús no tenía nada que ver con ACUBA, que eso era ahora manejado extraterritorialmente por PBA y ACUMAR.
Según minuta de la reunión de Acumar de meses atrás. “Por el Plan integral de Saneamiento ambiental” se reúne el 20/1/09 la “Comisión Inter Jurisdiccional de ACUBA” cuyos integrantes entre otros son el Licenciado Walter Méndez (Secretario General de Acumar), El Arquitecto Aníbal Guilera (subsecretaria de Urbanismo y vivienda de PBA) y el Arquitecto Ricardo Jilek (subsecretario Gestión Ambiental de Lanús), la reunión se hizo en San Martín 320, de 11 a 12 y se comprometieron a propiciar: 1) el Programa de Reconversión Industrial (Subsidio a los contaminadores); 2) Intentar la regularización dominal de ACUBA.
medioambiente.gov.ar/archivo/web/ACUsentencias.
Mientras tanto en Acumar, como en el directorio del Parque industrial (Cepile), el Ejecutivo municipal tiene sus hombres designados.
Por el fallo de la Corte Suprema, el 12 y 13/11/08 en el Juzgado Federal de Quilmes se decidió, con Acumar presente, que se implemente rápidamente el financiamiento necesario para las obras de infraestructura “y para fortalecer institucionalmente a Acumar” (fojas 818/819), en criollo darle cash a los muchachos. El financiamiento es un préstamo que está gestionando desde hace rato el gobierno nacional y popular con el Banco Mundial.
“El crédito es de u$s 2000 millones para obras. Al BID se le pide usar u$s 90 millones, remanentes de 250 millones que manejara la María Julia cuando prometiera limpiar el Riachuelo en 1000 días. Del préstamo BM, unos u$s 560 millones se usarían en una primera etapa para la construcción de un colector cloacal, que pasaría por una planta de pretratamiento (una simple licuadora de residuos cloacales), que desembocará en el Río de la Plata.” asocveclaboca@speddy.com.ar
El 14/11/08 el secretario Dr. Pablo E. Wilk por el juzgado (Dr. Luis A. Armella) con la presencia de 20 personas entre ellos de Acumar, Secretaria de Ambiente sustentable de la nación, Díaz Perez, Daniel Argentino de Acuba, Eduardo García de Unión de Curtidores Argentinos y Osvaldo H. Casal representante del Banco Mundial, se consideró entre otras (,,,) “puesta en funcionamiento del parque industrial ubicado en la ciudad de Lanús denominado Acuba” (…) “Seguido el secretario actuante manifiesta entre otras “que los intervinientes trabajen de conjunto a fin de tomar definitiva posesión de dichas tierras. “Terminado el acto hay 20 firmas y la del Juez Armella. wwwdefensor.gov.ar/riachueloacta
Durante el desalojo de marzo el juez dió provisionalmente el reintegro de la posesión al Gobierno de la Provincia (fojas 39/51).
La historia de la expropiación al pueblo es como el cuento de “La buena Pipa”, no tiene fin si no se establece el control de vecinos y trabajadores sobre la administración y gestión municipal, nacional y provincial.
Lisandro Martinez
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